César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), afirmó que el paro de colectivos tuvo alto acatamiento y se concretó “sin concurrencia de los choferes a los lugares de trabajo”.
El dirigente evaluó cerca del mediodía el impacto de la medida de fuerza en Tucumán, en el marco del reclamo por el incumplimiento salarial por parte de los empresarios de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat). Los trabajadores vienen exigiendo el pago completo del salario de junio y del Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre.
González informó que algunas firmas estaban “distribuyendo un anticipo” este viernes para cubrir parte de la deuda, aunque remarcó el paro “continuará mañana y hasta que cobremos todo junto”. “Si no se cubre la deuda completa, no se levanta la medida”, enfatizó.
“Nos llegó la información que acreditaron el subsidio nacional. Son $530 millones que se dividen entre los 3.500 trabajadores como anticipo a cuenta del sueldo de junio y el medio aguinaldo”, señaló.
“El paro seguirá mañana si no pagan la totalidad de la deuda. Esto depende de las empresas”, expresó el dirigente, quien agregó que la mora, en promedio, es de $550.000 por cada chofer.
El titular de UTA Tucumán también dejó en claro que “no ha tenido incidencia” en el conflicto de Tucumán la convocatoria de este mediodía del Ministerio de Transporte nacional a las cámaras empresarias, con el fin de levantar la medida de fuerza del sector.
“Aquí estamos discutiendo el incumplimiento de los empresarios respecto del pago del mes de junio y SAC ya vencidos”, apuntó.
La cartera federal llamó a las cámaras empresarias para intentar poner fin al paro de colectivos que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El cese de actividades por 24 horas dispuesto por UTA se lleva a cabo en la jurisdicción metropolitana, luego de que las empresas de colectivos ratificaran que no van a pagar el aumento a los trabajadores.
De acuerdo al sitio Noticiasargentinas.com, el Gobierno aclaró que, en esta ocasión, no puede intervenir y dictar la conciliación obligatoria, por lo que el paro no podría ser frenado con una determinación de esas características.
La ministra de Trabajo nacional, Raquel “Kelly” Olmos, responsabilizó a las empresas y sostuvo que esta medida es un “lock out” patronal.